CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

 

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LA INTERESADA MANIPULACIÓN DEL VOTO POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

 


   Dice nuestra Constitución que “el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno” (Art. 9.1 C.E.)

   De aquí cabe deducir la falta de vinculación constitucional del resultado de las elecciones a través de las que se ha manifestado la voluntad popular, con la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno por parte del Rey. Tal es así, que el Rey podría proponer como candidato a cualquier persona, aunque esta no tuviera la condición de Diputado.

   En las Elecciones Generales, el pueblo, a través de la emisión de su voto libre y secreto, elige a sus representantes quienes, a su vez, como miembros del Congreso de los Diputados, deberán elegir al nuevo Presidente del Gobierno. “El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior, expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara” (Art. 99.2 C.E.). Acción ésta que se habrá de limitar solamente a la elección de quien habrá de ocupar la Presidencia del Gobierno, ya que la conformación de éste será competencia exclusiva del elegido Presidente de Gobierno. “Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente” (Art. 100 C.E.).

   Hasta aquí, parece estar todo claro, pero de inmediato, y a raíz del posible resultado de las elecciones, nos surgen algunas dudas como las que de inmediato planteamos.

   Si los resultados electorales devienen en la conformación de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados por parte de un determinado partido político o coalición electoral, sería evidente que el candidato a Presidente del Gobierno de esta coalición o fuerza política, sería el propuesto por el Rey a tal fin y saldría investido como tal en una primera votación al contar con los votos suficientes para ello. “Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente” (Art. 99.3 C.E.).

   Pero si, por el contrario no ocurriera así, y los resultados electorales devinieran en una composición de la Cámara sin mayorías claras y suficientes para designar y elegir un Presidente del Gobierno, la cuestión sería muy distinta y, al no concretar la Constitución un proceder específico para estos casos, habría que recurrir a la predisposición de los Diputados electos para, sin dejar de atender el resultado de las elecciones, hacer prevalecer el interés general y el bien común de los ciudadanos, olvidándose de otros intereses particulares o personales.

   Por otro lado, si, como tras las elecciones, se dice en las negociaciones entre los distintos partidos políticos que el pueblo, con su voto, lo que ha elegido son Diputados y no candidatos a la Presidencia del Gobierno, ¿por qué en campaña electoral, esos mismos partidos políticos presentan (normalmente como cabeza de lista por Madrid) y designan un candidato a Presidente del Gobierno, girando toda su campaña electoral en torno a éste cual si se tratara de unas elecciones presidenciales en lugar de elecciones de Diputados a Cortes como después dicen?, ¿No es esto una manera, sino de engañar, si al menos de confundir al pueblo soberano por parte de los partidos políticos, incumpliendo de alguna manera el mandato que les asigna la Constitución: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular…” (Art. 6 C.E.) ?

   En mi opinión, si lo es. En campaña electoral, los partidos políticos, no dicen toda la verdad al pueblo, cuando no lo engañan de manera descarada, particularmente, al pronunciarse sobre su intención ante futuros pactos con otras fuerzas políticas para la conformación de un Gobierno o, mejor dicho, de la elección de un Presidente de Gobierno.

   Si como se viene preconizando, lo que se está pretendiendo es la regeneración democrática, lo primero que deberían hacer los partidos políticos es ser sinceros y coherentes en sus discursos electorales y no pedir a los votantes un voto en blanco para después manejarlo a su antojo en función de sus intereses particulares y personales.

   Para conseguir esta regeneración democrática, no sería necesario, como algunos proponen, modificar la Constitución, simplemente habría que cumplir con lo que ésta dice.

   Cómo ya reseñábamos, nuestra Constitución dice en su Artículo 99.2 que el candidato propuesto a Presidente del Gobierno, “expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar”. Si el candidato lo fuera de un partido o coalición política, que se hubiera presentado a las elecciones con un determinado programa electoral que hubiera devenido en una mayoría absoluta en el Congreso obtenida a través de la votación popular, es lógico admitir que el programa de gobierno a exponer en su investidura, debiera diferir muy poco de su programa electoral, resultando así que el futuro Presidente y su programa de gobierno, coincidiría con la persona y el programa por el que el pueblo, con su voto directo, se hubiera decidido de forma mayoritaria.

   Pero, si por el contrario, los resultados electorales hubieran determinado un partido o coalición ganadora, pero sin mayoría suficiente para poder proclamar investido a su candidato como Presidente del Gobierno, con el voto único y exclusivo de sus Diputados, la situación sería muy distinta a la que planteábamos anteriormente.

   ¿Qué hacer, pues, en casos como éste? Hablar de qué modificando la Constitución se solucionaría el problema, es de momento una utopía, pues habría que poner antes de acuerdo a las fuerzas políticas para un cambio en las normas que regulan estos procedimientos y esto ya se ha intentado sin éxito alguno.

   La solución debiera venir por una interpretación lógica de la Constitución que, sin contravenir sus preceptos, avocara en una solución avalada por la voluntad popular en función de los resultados electorales.

   Está claro que, fuera cual fuera la composición política del Congreso de los Diputados, habría un partido o coalición que habrían obtenido más votos y Diputados que cada uno de las otras coaliciones o partidos presentados a las Elecciones Generales. Así pues, parecería lógico pensar que el candidato a Presidente del Gobierno con quien esta fuerza ganadora se hubiera presentado a las elecciones, debiera ser el nuevo Presidente del Gobierno, porque así lo habría decidido el pueblo con su voto.

   Otra cosa distinta sería el contenido del programa con el que este candidato se presentara a la Investidura en el Congreso para recabar una mayoría suficiente que le permitiera gobernar. Ahí es donde entonces debieran entrar las negociaciones post-electorales y encaminarse a conformar un programa de gobierno que pudiera satisfacer, por su concordancia, las aspiraciones que en sus programas electorales hubieran presentado al pueblo el conjunto de las fuerzas políticas.

   De esta manera, sin necesidad de cambio legislativo o constitucional alguno, tendríamos una solución para atender los deseos del pueblo cuando con su voto viene a decir que los políticos deben dialogar para entenderse, pero que es el pueblo quien decide quien debe de gobernar: el candidato de la lista más votada, y, a su vez, el programa con el que debe de hacerlo: el resultante de la conjunción de los programas de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados, atendiendo a la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada una de ellas.

 

 

 

 

 

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