CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

 

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UNA SOLUCION A LA INVESTIDURA DE

PRESIDENTE DEL GOBIERNO

 

 

Tras los resultados de dos elecciones de diputados a Cortes Generales, estos se muestran incapaces de elegir un presidente de Gobierno para España, como así les obliga la Constitución Española en su Artículo 99 y les demanda el pueblo español tras haber ejercido su derecho al voto.

   Son los partidos políticos los que establecen sus programas electorales y designan a sus candidatos a la Presidencia del Gobierno de España. En base a estas dos cuestiones, programa y candidato, el pueblo decide y emite su voto, de cuya acción derivan unos resultados que mostrarán sus preferencias y con ello la proporción en número de diputados que se asigna a cada formación en función de los votos conseguidos. Posteriormente, estos diputados deberán elegir, normalmente de entre los candidatos electos presentados por cada partido, quien de ellos ostentará por un nuevo periodo la Presidencia del Gobierno, cuyos miembros habrán de ser elegidos por éste.

   Cuando los resultados electorales devienen en una mayoría absoluta a favor de alguno de los partidos en disputa, la investidura del Presidente del Gobierno es tarea fácil, pues bastará con el apoyo de sus propios diputados para investir a su candidato. Los problemas comienzan cuando, de la composición política de la Cámara, no sobrevienen unos resultados de los que puedan derivarse unas mayorías suficientes que permitan aglutinar el voto de los diputados en torno a un candidato de consenso. Y es aquí cuando surge la disyuntiva que se viene a proponer:

   Por qué si cada diputado defiende exclusivamente la opción política bajo la que se presenta, nunca será posible elegir un Presidente del Gobierno. Y si los posibles consensos que se pudieran alcanzar tampoco alcanzan mayorías suficientes, estaríamos en la misma situación.

   A tenor de lo que advierte la STC 10/83 que dice: “Una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes los votaron, sino de todo el cuerpo electoral, y titulares, por tanto, de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de entidades que no son órganos del Estado, en el sentido más amplio del término”, la solución puede ser más fácil de lo que parece, si los diputados y partidos políticos atienden a lo que la Constitución demanda y obliga a cumplir, tanto al Gobierno en su condición de “Poder ejecutivo”, como al Congreso de los Diputados en su condición de “Poder legislativo”.

   Antes de entrar en esos detalles más precisos, bueno sería el recordar a la clase política y a la ciudadanía en general, el principio de división de poderes y la función a desarrollar por cada uno de esos poderes, que consagró Montesquieu en su obra “Del Espíritu de las Leyes”:  

   “En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe o el magistrado hacen las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...).

   Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.”

   Recordemos ahora cuales son las funciones que asigna la Constitución, por un lado, a las Cortes Generales en su Artículo 66.2: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución”. Por el otro, al Gobierno en su Artículo 97: “El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

   Con estas premisas, la solución al problema que al principio planteábamos para el caso de la investidura a Presidente del Gobierno cuando no existe una mayoría suficiente que pudiera decantarse a favor de ninguna de las candidaturas en debate:

 

 


 

 

 

 

 

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