LA DEMOCRACIA

Representación política y democracia

 

    Es la democracia un concepto al que, para caracterizar las acciones y los actos sociopolíticos, se alude con demasiada frecuencia sin que se llegue a razonar con un mínimo de fundamentación la motivación por la que se recurre a calificar de este modo la acción a la que se adjetiva de democrática o, en su caso, de antidemocrática.

   Necia sería nuestra intención si pretendiéramos aquí solventar en unos cuantos ensayos cuestión esta de la democracia que, desde su alumbramiento en la antigua Grecia, no ha conseguido poner de acuerdo en su precisión, ni a reconocidos pensadores en la teoría, ni a destacados políticos en la praxis de su ejercicio.

   No encontrará pues en estas aproximaciones al concepto de democracia, sino un intento de compartir estudios y reflexiones sobre algunas de las teorías y experiencias democráticas que, en las sociedades occidentales, se han venido sucediendo a lo largo de la historia.

   Sin más determinación que la de introducción al tema, nos permitimos reseñar lo que, sobre representación y democracia, expone el profesor Ángel Garrorena en su trabajo “Representación política y Constitución democrática”.

   Dice Garrorena que representación y democracia no son categorías intercambiables y que de siempre se ha advertido en su relación incluso un cierto repudio: “A la representación se llega tras el convencimiento de que es imposible o inoportuno que la participación política del demos adopte formas más inmediatas; dicho de otra manera, hay representación cuando (entiéndase esta expresión en su adecuado alcance) no puede haber democracia; de donde la idea de representación comporta siempre un principio de distanciamiento – inevitable o querido – entre el pueblo y las decisiones políticas”.

   Uno de los motivos, y al que nosotros nos adherimos, que el profesor Garrorena arguye en la prevalencia de la representación en la actividad política, lo fundamenta en el diferente concepto de la libertad entre los “antiguos” y los “modernos” que Benjamin Constant refiere en una conferencia, sobradamente conocida, pronunciada en el  Ateneo Real de París en 1819 bajo el título “De la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos”.

   Mantiene Constant que la representación es la única técnica de participación política que se adecua al modo de ser presente de la libertad; de la libertad de los modernos.

   Los antiguos, la democracia griega, cifraban su libertad en la participación pública constante y directa; era debatiendo en el ágora sobre la guerra o la paz, influyendo con su opinión en los asuntos públicos, votando directamente las leyes y pronunciando sentencias, como los antiguos se creían libres. Esto conllevaba un importante sacrificio, una notable merma de su dimensión como particulares que hoy nos parecerían irrenunciables. Eso no era un coste excesivo para los antiguos porque entre ellos había una fuerte depreciación de lo privado. 

   Los modernos, en cambio, esto sería lo último que harían; jamás cercenarían su vida privada a cambio de una mayor intervención en los asuntos públicos. Para el moderno es en la esfera de lo privado (en la autonomía de lo privado) donde se cumple y realiza, y por tanto donde se encuentra, su libertad; es ahí donde hay que ir a buscar la libertad y por consiguiente ha de quedar garantizada.

   Decía Constant que “Los progresos de la civilización, la tendencia comercial de la época, la comunicación de los pueblos han modificado hasta el infinito las formas del bienestar particular”. La clave está en esto. La moderna civilización ha generado unas posibilidades del bienestar particular, que han determinado desde ese momento nuestra libertad. El mundo del hombre moderno es el de sus negocios, su industria y sus intereses, el de sus asuntos particulares y el del afán por su prosperidad, y es ahí en la preservación o autonomía de esa existencia suya como privado donde la libertad tiene su sede.

   Concluye Constant diciendo que: “Desde la perspectiva de libertad que a nosotros nos interesa, mientras más tiempo libre nos deje el ejercicio de los derechos políticos para dedicarnos a nuestros intereses privados, más preciosa nos será esa misma libertad. Nombremos, por tanto, unos representantes que actúen por nosotros en los asuntos públicos y así podremos volvernos cuanto antes al mundo de nuestra industria y nuestra actividad particular; así podremos volvernos cuanto antes a nuestra libertad como modernos”.

   Con estas apreciaciones sobre una y otra manera de entender la libertad y la participación en los asuntos públicos en su relación con la democracia, concluimos esta introducción para proseguir en nuestro intento de aproximación al concepto y concepción de la misma.   

DEMOCRACIA Y SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

     ¿Qué es democracia? ¿Qué rasgos caracterizan una sociedad democrática? ¿Puede haber una sociedad democrática donde no haya democracia? ¿Puede haber democracia donde no haya una sociedad democrática?

   Tras la aprobación por las Cortes (franquistas) el día 18/11/1976 y secundada por el pueblo español en referéndum celebrado el día 15/12/1976 (94,2% de aceptación sobre una participación del 77,4%), el día 5/1/1977 el BOE publicaba, con rango de Ley Fundamental, la “Ley  1/1977 de 4 de enero, para la Reforma Política”.

   Con ello, el Estado español, derogaba su anterior régimen de gobierno, e instauraba desde ese momento un régimen democrático que, con la Constitución de 1978, se configuraría en un Estado social y democrático de Derecho, bajo la forma de Monarquía parlamentaria. (Artículo 1 CE)

  Dejando a un lado posibles objeciones sobre las maneras y formas de hacerlo, y sin entrar, por tanto, en debates sobre ellas, deviene de lo anterior por su evidencia que, desde el día 5/1/1977, fecha de la publicación en el BOE de la “Ley para la reforma política”, formal y legalmente, España se convierte en una democracia, ya que así lo promulga esa Ley en su Artículo primero:

   1. La democracia, en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del pueblo.

   Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado.

   2. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.

   Siendo desde entonces España, formalmente, una democracia, ¿podríamos decir que la sociedad española es también desde entonces una sociedad democrática? Este es el fondo de las cuestiones que al principio formulábamos y que, tras esta introducción, nos proponemos abordar.

   Cuenta Fernando Álvarez de Miranda quien, tras el franquismo, fue el presidente de las primeras Cortes democráticas en España: El Primer Parlamento Democrático nació con una gran ilusión y esperanza, pero no sin grandes dificultades. Los diputados y senadores elegidos, se encontraron, en primer lugar, con las dificultades propias de la falta de experiencia. Nadie, salvo algunos veteranos parlamentarios de la República, había vivido un Parlamento Democrático y la vivencia que otros tenían de las Cortes Orgánicas poco o nada valían en la nueva situación.

   Pues si el presidente de las Cortes cuestionaba la experiencia democrática de nuestros representantes electos en las primeras Cortes democráticas, ¿qué se puede pensar de la experiencia democrática de la ciudadanía que, entonces, conformaba la sociedad española? Y ¿qué podemos decir ahora de la vivencia democrática en España en todos estos años?

   Comencemos por ver si somos capaces de fijar alguno de los rasgos distintivos que caracterizan a las democracias modernas, aunque a tenor de lo que dice Alexis de Tocqueville no es esta una fácil tarea: Es nuestra forma de utilizar las palabras “democracia” y “gobierno democrático” la que produce mayor confusión. A menos que se definan claramente esas palabras y se llegue a un acuerdo sobre las definiciones, la gente vivirá en una inexplicable confusión de ideas, para beneficio de demagogos y déspotas.

   Cuenta Giovanni Sartori en su obra “Elementos de Teoría Política” que el término “democracia” (kratos = poder / demos = pueblo) aparece por primera vez en Herodoto y que, traducido literalmente, significa “poder del pueblo”. Añade que el discurso sobre la democracia de los antiguos es relativamente simple; tan simple como la parca conclusión, aunque luego adjetivada, con que la llega a definir Aristóteles en su “Política”: Democracia es cuando el pueblo tiene la soberanía.

   Pues, con las necesarias reservas, ya podemos decir con Aristóteles y con tantos otros como él que, el régimen político de un Estado es democrático cuando el pueblo de ese Estado es quien tiene la soberanía.

   Ahora bien, por este solo motivo, porque la soberanía de un Estado resida en el pueblo, ¿podemos decir que la sociedad de ese Estado sea una sociedad democrática? No necesariamente; Estado democrático y sociedad democrática, aun siendo identidades complementarias, debieran ser consideradas como realidades distintas.

   La clasificación de los distintos regímenes políticos en los que puede constituirse un Estado, se hace atendiendo a quien, o quienes, son los que ostentan la soberanía. Así, con Jean Bodin, diríamos: Se denomina monarquía cuando la soberanía reside en una sola persona, sin que participe de ella el resto del pueblo; democracia o estado popular, cuando todo el pueblo o la mayor parte, en corporación, detenta el poder soberano; aristocracia, cuando la parte menor del pueblo detenta en corporación la soberanía y dicta ley al resto del pueblo.

   Clasificado bajo esta fórmula el régimen político, podríamos luego, en función de cual pudiera ser la orientación y forma de llevar a la práctica las tareas de gobierno en esos Estados, adjetivar a sus regímenes políticos

 con otros calificativos: marxistas, socialistas, fascistas, populistas, totalitarios, etc. y, aun así, no dejarían de ser lo que hemos dicho que fueran, en función de quien pudiera ostentar la soberanía: si uno sólo, si unos pocos, o si todo el pueblo.

   Llegados a este punto, sin pretender un análisis crítico, riguroso y preciso, del momento democrático en el que situábamos a España a comienzos de 1977, y considerando este caso, al igual que los que también comentamos, solo como un ejemplo ilustrativo que nos sirva de prototipo o modelo para el tema que nos ocupa, no habrá dudas en convenir que en virtud de la Ley  1/1977 de 4 de enero, para la Reforma Política, formal y legalmente, en España se instauraba un régimen político democrático.

   De la misma manera y por iguales motivos, convendremos en que el régimen político de la Federación Rusa es un régimen democrático, a tenor de lo que proclama el Artículo 1º de su Constitución: “The Russian Federation - Russia is a democratic federal law-bound State with a republican form of government”. (La Federación de Rusia - Rusia es un Estado de derecho democrático federal ligado con una forma republicana de gobierno”.

   Así podremos decirlo también de la República Popular China en base a lo que proclama el Artículo 1º de su Constitución: “La República Popular China es un Estado socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la alianza obrero-campesina” y lo corrobora en su Artículo 2º: “Todo el Poder en la República Popular China pertenece al pueblo”.

   Igual cabe decir de la República de Cuba, a tenor de lo que proclama el Artículo 1º de su Constitución: “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana”.

   Ahora bien, coincidiendo en la opinión por los motivos argüidos de que, formal y legalmente, consideramos democrático el régimen político de un país cuando así se proclama en las Leyes Fundamentales del mismo, ¿podríamos convenir también si en todos y cada uno de los casos comentados existe de hecho una democracia?

   Es más, ¿podría decirse en todos y cada uno de los casos comentados que, con su democrático régimen político, coexiste una sociedad democrática?

   No privaremos a nadie de sus propios razonamientos sobre este tema y, por si pueden ser de ayuda en sus reflexiones, nos limitaremos a compartir lo que, sobre estas cuestiones de la democracia, escriben dos autores italianos.

   Por un lado, dice Norberto Bobbio en su obra “Estado, Gobierno y Sociedad”, que si se debe hablar hoy de un desarrollo de la democracia, éste no consiste tanto, como frecuentemente se dice por error, en la sustitución de la democracia representativa por la democracia directa, sino en el paso de la democracia en la esfera política, es decir, en la esfera en la que el individuo es tomado en consideración como ciudadano, a la democracia en la esfera social, donde el individuo es tomado en cuenta en la multiplicidad de su status.

   Esa democracia en la esfera social consistiría, según Bobbio, en la ampliación de las formas de poder ascendente, que había ocupado hasta ahora casi exclusivamente el campo de la gran sociedad política, al campo de la sociedad civil en sus diversas articulaciones, desde la escuela hasta la fábrica.

   Por otro lado, dice Giovanni Sartori en su obra “Teoría de la Democracia”, que para contar con una democracia se debe tener, hasta cierto punto, un gobierno del pueblo. Inmediatamente se pregunta que cuando se encuentra un pueblo gobernante, esto es, el demos en acto o función de gobierno. Su respuesta es clara y concisa: en las elecciones.

   Prosigue diciendo Sartori que las elecciones registran las decisiones de los votantes. Las elecciones computan opiniones; pero, continúa, ¿de dónde proceden y cómo se forman? ¿Cuál es el origen de la voluntad y de la opinión que las elecciones se limitan a registrar? Tras el voto hay todo un telón de fondo previo. Y aunque no debemos relativizar la importancia de las elecciones, no podemos aislar el acontecimiento electoral de todo el circuito del proceso de formación de la opinión. El poder electoral en sí es la garantía mecánica de la democracia; pero las condiciones bajo las cuales el ciudadano obtiene la información y está expuesto a las presiones de los fabricantes de opinión son las que constituyen la garantía sustantiva. En último término, la opinión de los gobernados es la base real de todo gobierno.

   Una vez dicho esto, concluye Sartori y con sus palabras también concluimos nosotros:

   Afirmamos que las elecciones deben de ser libres. Lo cual es verdad, pero no es bastante; pues la opinión también tiene que ser, en algún sentido fundamental, libre. Las elecciones libres con una opinión que no es libre no significan nada. Sostenemos que el pueblo debe de ser soberano. Pero un soberano vacío que no tiene nada que decir, sin opiniones propias, es un mero sancionador, alguien que se limita a ratificar algo, un soberano de nada.

 

 

DEMOCRACIA Y LIBERTAD

   Como es bien sabido, ya lo dijo Aristóteles, las personas tenemos una tendencia innata a vivir en sociedad. Esa vocación social nos lleva, pues, a tener que relacionarnos y convivir con otros semejantes instintivamente orientados en sus acciones por similar predisposición.

   Pero qué duda cabe que las relaciones de convivencia, la vida social, como dice Francisco Ayala en su “Historia de la libertad”, implica forzosamente un cierto orden, esto es, un conjunto de normas que se apoyan en la autoridad del grupo y que se le imponen al individuo con ayuda de diferentes especies de coacción.

   Al margen del origen e imposición coactiva de las normas de convivencia, sobre el que después entraremos, subraya Ayala que, rudimentario o refinado, todo orden social se impone coactivamente al individuo y comporta, por lo tanto, una merma de su libertad. Y no hay sociedad posible sin un orden – sea cual fuere -, exterior al individuo y que determina su conducta por la alternativa de coacción y con ello cercena su libertad.

   La concreción de las normas y su correlativa imposición coactiva al individuo en su convivencia social, devienen de distintos orígenes e inciden de distintas maneras en sus consecuencias. En las clases de Derecho Romano en la Universidad de Murcia, comentaba el profesor Antonio Díaz Bautista los tres tipos, atendiendo a su origen y consecuencias, en los que se pueden clasificar las normas por las que, normalmente, se rige una sociedad: normas morales, normas sociales y normas jurídicas.

   Las normas morales las calificaba de íntimas y personales de cada individuo, pues es la propia persona quien se las impone a sí misma en función de sus convicciones éticas y morales. Su origen es por tanto personal y la fuerza de coacción para llevarlas a la práctica es así mismo individual y personal, esto es, intrínseca al individuo. Cuando alguien, por acción u omisión, actúa en contra de sus convicciones, no recibe ningún castigo externo, es desde su interior más íntimo desde donde surge su reprobación y condena.

   Las normas sociales suelen ser normas no escritas. Vienen impuestas en una determinada sociedad por los usos y costumbres que habitualmente practican en su convivencia social los individuos que la componen. La reprobación y condena deviene de la misma sociedad que relega y trata de excluir socialmente a quienes por norma y sistema las incumplen.

   Finalmente, las normas legales son aquellas que vienen impuestas por los poderes establecidos en cada uno de los ámbitos territoriales para los que se disponen y promulgan. La correlativa pena y condena ante el incumplimiento de las normas legales viene ya asignada en la propia norma y son las fuerzas del orden público quienes velan por su cumplimiento y, en su caso, las encargadas de procurar el fiel cumplimiento de las penas que hayan podido ser impuestas por los órganos judiciales.

   Este análisis y distinción en el tipo de normas nos sirve como premisa en un intento de reflexión sobre las libertades individuales y las libertades políticas.

   La persona, actúa libremente en su ámbito individual cuando lo hace sin traspasar los límites que previamente se haya podido fijar en función de sus convicciones éticas y morales. Actuar así, no parece que merme su libertad, todo lo contrario, la realza y fortalece porque su proceder no estará coartado por más límites que los que, previamente, se haya podido fijar ella misma en uso, precisamente, de su libertad individual.

   Ahora bien, si, como es nuestro propósito, lo que pretendemos es una aproximación a esa otra faceta de la libertad como es la libertad política, habremos de hacerlo poniendo en relación las posibles restricciones de la libertad individual con las singularidades que se deben observar en una democracia. Sin apartar pues la vista de la libertad individual, deberemos centrar ahora nuestra atención en ese otro ámbito de la libertad que, como decíamos, es la libertad política.

   Antes de ello, nos parece importante reseñar lo que, al hablar de virtudes públicas, comenta Victoria Camps en su participación en la obra “Democracia y Virtudes Púbicas”. Hablar de virtudes públicas, en consecuencia, equivale a recordar que debe haber una moral mínima compartida por todos, a pesar del

pluralismo de ideologías y de la relatividad de las creencias (…)

Nuestro país, en concreto, que ha vivido el proceso de secularización tarde y a trompicones, con graves interrupciones y retrocesos, de repente se ha visto en la necesidad de sustituir la moral católica por una moral laica caracterizada por la indeterminación y la imprecisión. Ha habido que darse cuenta de que laicismo no puede significar ausencia de moral. Que la moral, por otra parte, no puede reducirse al derecho, porque ni todo es regulable, ni es bueno que lo sea, ni las leyes están para resolver todos nuestros problemas.

Dejando al margen sus posibles imperfecciones, la grandeza de la democracia deviene del origen de las normas legales por las que se rige un Estado que ha adoptado este sistema político en su forma de gobierno. En un régimen democrático es el propio pueblo el que fija para sí mismo las leyes y normas por las que se ha de regir.

   En los orígenes de la democracia en la antigua Grecia, dice el profesor Angel Garrorena en su obra “Representación política y Constitución democrática”, recogiendo los argumentos de Benjamin Constant en una célebre conferencia pronunciada en el Ateneo Real de París  y publicada bajo el título “De la liberté des anciens comparée à celle des modernes”, los antiguos cifraban su libertad en la participación pública constante y directa; era debatiendo en el ágora o en la ekklesía sobre la guerra o la paz, influyendo con su opinión sobre el curso de los asuntos públicos, votando directamente leyes y pronunciando sentencias como los antiguos creían ser libres.

   Los modernos, en cambio, prosigue Garrorena con los argumentos de Constant, Eso sería lo último que harían; un moderno jamás cercenaría su vida privada a cambio de una mayor intervención en los asuntos públicos, porque para él es en esa esfera de lo privado (en la autonomía de lo privado) donde se cumple y realiza, y por tanto donde se encuentra, su libertad; en otras palabras, es ahí donde hay que ir a buscarla y donde, por consiguiente, debe quedar garantizada.

   Así se colige que, además de por causas demográficas y espaciales, las democracias modernas tienen en esta manera de concebir la libertad, una muy buena razón para optar por la técnica de la representación política. 

   Cuenta Garrorena que durante la Edad Media, la representación adoptó la disposición triangular sobradamente conocida: Unos representantes recibían mandato o apoderamiento de unos representados para que actuasen su representación ante un tercero, esto es, el Monarca.

   Nacen entonces los “Parlamentos” constituidos en representación nacional y la Corona y en los que la representación, cada vez más popular, disputaba la soberanía la Corona.  De esta manera, argumenta Garrorena, el Parlamento actual, el cuerpo o Colegio de nuestros representantes, no es el heredero del Parlamento medieval que controlaba al poder, es decir, que representaba a otros ante el poder del Monarca, limitando o mediatizando sus decisiones, sino el sucesor de ese mismo Monarca, al que precisamente desplaza y sustituye en dicha posición de poder.

   Esta paradoja la resume Garrorena con estas reflexiones de Sartori: “Estamos ante un hecho embarazoso: se ha llegado a un punto en el cual un órgano representativo acaba por representar a alguien (al pueblo, la nación) ante sí mismo. La tercera de las partes, aquella ante la cual la segunda debía representar a la primera, ha desaparecido”.

   De esta manera, concluye Garrorena y con sus palabras nosotros también lo hacemos dejando así abiertas las propias de cada cual sobre ese tema que abordábamos de la democracia y la libertad:

   “Es cierto que, a través de la sinonimia <representación-poder>, el hombre liberal realiza, bien que de modo indirecto, ese presupuesto de autodeterminación (nunca obedecer a determinaciones ajenas o externas) que ha pasado a ser condición misma de su libertad; ser gobernados por las decisiones (normativas y, a su través, ejecutivas) de nuestros propios representantes es una forma – indirecta, pero digna de ser valorada como un auténtico hallazgo histórico – de estar gobernados por nosotros mismos”.

 

 

LA VERDADERA DEMOCRACIA Y LA FALSA DEMOCRACIA

¿La representación de todos o la representación sólo de la mayoría?

Dice John Stuart Mill en su obra “Del gobierno representativo” que los peligros a los que se halla expuesta la democracia representativa son de dos géneros: “Proceden unos de la existencia de un grado muy inferior de ilustración en el cuerpo representativo y en la opinión pública que lo juzga; se derivan los otros de la posibilidad de una legislación de clase por parte de la mayoría numérica”.

   A esta obra y autor acudimos y, en ocasiones citaremos literalmente alguno de sus argumentos, para profundizar en esos peligros que se citan y a los que, hoy más que nunca, se encuentra expuesta la democracia actual.

   Una democracia que declara y reconoce derechos iguales en un Estado en el que una misma y sola clase obtente la mayoría política, reportaría una falta de igualdad que abocaría en una desigualdad sistemática en favor de la clase dominante.

   En las democracias actuales se suelen confundir dos ideas hasta cierto punto contrapuestas, confusión que así describe Stuart Mill: “La idea pura de la democracia, según su definición, es el gobierno de todo el pueblo por todo el pueblo igualmente representado. La democracia, tal y como se concibe y practica actualmente, es el gobierno de todo el pueblo por una simple mayoría del pueblo, exclusivamente representada. En el primer sentido, la palabra democracia es sinónima de igualdad para todos los  

 ciudadanos; en el segundo (y se confunden ambos de un modo extraño) significa un gobierno de privilegio en favor de una mayoría numérica, que de hecho, es la única que tiene voz y voto en el Estado”.Ante tal realidad, se habría de considerar que el Parlamento no representará sino a una simple mayoría de la ciudadanía y, en consecuencia, este Parlamento discutirá leyes y tomará medidas trascendentales para todos bajo la influencia de una simple mayoría, por lo que cabría preguntarse como lo hace Stuart Mill: “¿Qué garantías hay de que estas medidas estén de acuerdo con los deseos de la mayoría del pueblo?”. Es probable, se responde a sí mismo, “que la mitad de los electores, vencida en los comicios, sea, si no en su totalidad, en su mayor parte al menos, hostil a esas medidas habiendo votado contra sus autores (…) Es, pues,posible y aun probable que el criterio que ha prevalecido agrade solamente a la minoría, por más que constituya la mayoría de esa parte de la nación, a quien las leyes del país erigen en clase dominante”.

   En conclusión, termina Stuart Mill y con él nosotros también, con una cuestión sobre la que habría que reflexionar y, en su caso, tratar de resolver de la manera mejor y más favorable para todos: “Es parte esencial de la democracia que las minorías tengan una justa representación; sin esto no hay verdadera democracia; sólo existe una falta experiencia de ella”.