"La Soberanía es el poder absoluto y perpétuo de una república". (Jean Bodin)
"La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" (Artículo 1.2 - C. E.)

Estado de alarma y coronavirus

   Ante situaciones excepcionales que se puedan dar en nuestro país, España, la Constitución modula, en consecuencia con ello, la aplicación de medidas igualmente excepcionales, esto es: estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio.

  Con buen criterio, dada la emergencia requerida por la expansión en nuestro territorio de la pandemia del coronavirus, el Gobierno español decretó el estado de alarma. Y digo, con buen criterio, porque era el instrumento más ágil y rápido del que podía disponer para procurar las medidas necesarias destinadas a evitar el contagio del virus entre la población. Medidas que en un plazo relativamente prudente dieron su fruto al contener eficazmente la propagación generalizada del Covid-19, y que necesitaron para su efectividad la necesidad de solicitar, como es preceptivo, la oportuna prórroga al Congreso de los Diputados, que fue autorizada por otros quince días respaldada por una gran mayoría de los diputados.

  Al día de hoy, diecisiete de mayo del 2020, estamos inmersos en la cuarta prórroga del estado de alarma y con expectativas de que el gobierno solicite, al menos, nueva prórroga, pero esta vez por el plazo de un mes en lugar de por quince días como ha venido sucediendo hasta ahora.

  No pretendo entrar en el debate sobre la tipología, necesidad e idoneidad de las medidas decretadas al amparo del estado de alarma, opiniones hay para todos los gustos. Pero si quiero expresar mi opinión sobre un par de noticias que comentan hoy dos de los grandes diarios españoles. Uno de ellos, La Razón”, escribe este titular: “Juristas censuran una prórroga de un mes del estado de alarma. Expertos constitucionalistas coinciden en que la ley ampara la medida, pero se oponen a prolongar la restricción de derechos y niegan que la alternativa sea el caos”. El otro medio informativo, El País, escribe este otro titular: “Juristas ven base legal para prorrogar el estado de alarma por el plazo de un mes. La legislación no establece límites y da carta blanca al Congreso”. No hace falta ser un experto jurista, ni tan siquiera tener la condición de jurista para dar alguna luz a la dicotomía que se observa en la comparación de las opiniones de “expertos juristas”, según dicen ser, que difunden estos dos diarios.

  El estado de alarma, como decíamos al principio, es una de las medidas que se puede tomar ante una excepcionalidad, pero no deja de ser, evidentemente, una excepción. Y como medida excepcional no debiera mantenerse más allá de lo que perdure la excepcionalidad que provoca su proclamación. Y es aquí, precisamente donde no son necesarias las opiniones de “expertos juristas” y bastaría con aplicar una dosis de la racionalidad y el sentido común que están al alcance de cualquier persona medianamente instruida y en la que prevalezca su sinceridad por encima de cualquier posible ideología política.

  ¿Quién ha de atestiguar el cese de la situación de excepción que provocó la promulgación del estado de alarma en el que estamos inmersos? Si nos atenemos a lo que nos dice nuestro Gobierno y se divulga en los medios de comunicación, la excepcionalidad viene avalada por una serie de comités de expertos en la materia, que asesoraron en su momento al Gobierno para decretarla y que siguen asesorándoles en estos momentos para hacernos ver la necesidad de mantenerla. Luego no es la opinión de los juristas ni del Gobierno la que debería prevalecer para mantener el estado de alarma, es la opinión de esos expertos, que han de constatar el cese de la causa por la que se decretó el estado de alarma la que debiera prevalecer.

  Pero tengamos en cuenta que, en el caso que nos ocupa, la cuestión a resolver no habría de centrarse meramente en ver si han cesado los efectos de la pandemia y estemos ya sin ningún peligro ante la misma, sino que debería centrarse en el punto clave de la cuestión, que no es otro que el considerar si ha cesado la excepcionalidad que la motivó y que la situación se pueda controlar sin medidas tan excepcionales como las que se requirieron en su momento.

   Y ese es el problema principal, si no conocemos quienes componen y forman parte de esos comités, porque el Gobierno se niega a dar esa información, y si tampoco conocemos ni existe transparencia en los informes que emiten esos comités, porque el Gobierno se niega a facilitarlos o lo hace sesgadamente, va resultar que vamos a tener que coexistir con el estado de alarma mientras su vigencia le siga siendo rentable políticamente a nuestro Gobierno, y no hasta que haya declinado la situación de excepcionalidad de la que vino causa, de ahí que cada una de las partes, Gobierno y oposición, acudan a “expertos juristas” que controlan bajo su dominio para que, retorciendo la ley y la Constitución, de vuelvan los favores recibidos, o que esperan recibir, de unos y de otros.

  Lo triste de todo esto, además, es que los que dicen ser “expertos juristas”, y que por desgracia son juristas, se avengan a estas artimañas y que, por similares motivos de devolución o necesidad de favores, algunos medios de comunicación se avengan a este connivencia convirtiéndose en cómplices necesarios para la divulgación de las mismas.